A la espera de saber qué ocurre con el proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía y aunque es mejorable, el borrador de decreto de medios comunitarios en Cataluña va a ser el texto más avanzado en la materia en el estado. La norma ha superado la fase de información  pública a principios de año y podría quedar lista para su aprobación definitiva por el Govern a finales de verano.

Informativo de un medio comunitario en Cataluña: TV Cardedeu.

Informativo de un medio comunitario en Cataluña: TV Cardedeu. Foto: xarxanet.org

Este proyecto de decreto de medios comunitarios en Cataluña dedica 21 artículos y 4 disposiciones a las radios y TV comunitarias catalanas. Es la única autonomía que ha dedicado un decreto exclusivo a esta materia.

La novedad más importante consiste en la inclusión de medidas de fomento y en la disposición adicional segunda, en la que se establece que, cuando el Gobierno planifique frecuencias, Cataluña hará un concurso para optar a frecuencias entre las emisoras comunitarias en funcionamiento en el que se tendrá en cuenta la disposición transitoria 14 de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Es la primera norma que recoge la intención de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que en 2010 apoyaron la enmienda de la ReMC que originó esta disposición transitoria 14.

En el proyecto de decreto de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro en Cataluña, la ReMC también considera interesante el establecimiento de “un proceso participativo” entre la Generalitat y las organizaciones del sector previo a los concursos de adjudicación de licencias.

El concepto de medio comunitario queda reforzado para impedir que emisoras comerciales encubiertas y religiosas intenten beneficiarse de estas novedades. Así, la comunicación comunitaria tiene que aparecer en los estatutos de las entidades, la directiva no puede formar parte de otros medios y se señala expresamente que no tener ánimo de lucro no es sinónimo de ser medio comunitario.

Los contenidos no pueden estar orientados al proselitismo religioso o político, “ni al adoctrinamiento o la orientación ideológica o religiosa de carácter excluyente, dogmática o manipuladora contraria a los derechos fundamentales”.

Por otra parte, se crea un consejo de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro y esto debería contribuir al concurso del sector, si bien la ReMC considera insuficiente que menos de un tercio de su membresía represente a medios del tercer sector.

Además, los prestadores de servicios de comunicación por cable tendrán que reservar al menos un 5% de su señal para medios comunitarios.

Acciones de fomento de medios comunitarios en Cataluña

Frente a otras formulaciones más sujetas a la discrecionalidad del ejecutivo que aparecen en otros textos legales, el decreto catalán obligará al Govern a impulsar medidas específicas de ayuda a los medios comunitarios. Esto se hará “prioritariamente” para financiar los costes necesarios para la prestación del servicio en condiciones óptimas, como el transporte de la señal, adquisición de equipos “o formación y profesionalización de las personas que colaboren en estos medios”.

También se abre la puerta a otras medidas de ayuda material, técnica y económica por parte de la administración autonómica y local.

Por otra parte, en el proyecto para conseguir licencia como medio comunitario se tienen que precisar formas de participación de la comunidad en la programación y la gestión, así como mecanismos de acceso por parte de entidades no lucrativas de la zona de cobertura.

El decreto permite el patrocinio, pero no la publicidad.  También se aceptan los anuncios de servicio público y de carácter benéfico, la difusión gratuita de mensajes de entidades de la economía social y del tercer sector. Dentro de lo permitido se incluyen mecenazgos y patrocinio cultural de entidades que apoyen a los medios comunitarios siempre que no implique “beneficio comercial ni una promoción explícita de productos o servicios”.

Valoraciones de la ReMC

El presidente de la radiotelevisión comunitaria barcelonesa Cardedeu, Manel Calbet, asegura que las alegaciones presentadas por la ReMC han conseguido mejorar el proyecto. “De todas formas la situación política en Cataluña provoca una parálisis absoluta. Si no hay un mínimo entendimiento entre gobiernos, no se podrá avanzar. En este sentido, es una buena noticia la admisión a trámite de la denuncia de la ReMC por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU. por excluir a los medios comunitarios, especialmente a la televisión, del reparto de licencias. Tenemos que seguir reivindicando nuestra labor”.

El vocal de Derecho a Comunicar de la ReMC, Javier García, considera que uno de los aspectos negativos del decreto es su tardanza, ya que la Ley Audiovisual Catalana que se desarrolla en esta norma es de 2005, hace más de una década.

La presidenta de la ReMC, María Limón, hace un llamamiento a todas las comunidades autónomas para que cumplan “su obligación constitucional de remover los obstáculos que impiden la profundización en la democracia” y encuentren soluciones “prácticas y justas” a la situación legal que sufren los medios comunitarios.

“El decreto de medios comunitarios en Cataluña marca un camino con sus medidas de fomento. En la tramitación de la Ley Audiovisual de Andalucía pretendemos conseguir soluciones más claras y prácticas. Ambos casos son textos todavía sin aprobar. Esperemos que no se produzca una marcha atrás como en el concurso de radios de Navarra“, subraya Limón. Mientras tanto,  el bloqueo del Gobierno central continúa a pesar de la proposición no de Ley aprobada en el Congreso en 2017 y de la investigación iniciada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU por excluir a los comunitarios del reparto de licencias.

Trámites pendientes para aprobar el decreto de medios comunitarios en Cataluña

La situación institucional y política catalana coloca una gran incógnita sobre cuándo y cómo será aprobado finalmente este decreto de medios comunitarios en Cataluña. Fuentes de la Generalitat aseguran que, en circunstancias normales, el texto estaría listo para llevarlo al consejo de gobierno a finales de verano.

Aún faltan los informes del Consejo del Trabajo, Económico y Social, de la Comisión de Gobierno Local y de la Comisión Jurídica Asesora. Después, lo aprobará el Consell Tècnic y se elevará al Govern.