El Congreso ha aprobado por primera vez que el Gobierno aplique las disposiciones sobre medios comunitarios recogidas en la Ley General Audiovisual de 2010. La proposición no de ley (PNL) del Grupo Mixto solo ha contado con los votos en contra del Partido Popular.

Desde abril de 2011, el Gobierno incumple la Ley General de Comunicación Audiovisual, ya que en ese momento expiró el plazo de 12 meses que se establecía en la legislación para que se reglamentasen los medios comunitarios, entre otras demoras injustificadas.

“La PNL es un paso positivo porque hace que se pronuncie el poder Legislativo exigiendo al Ejecutivo que retome unos incumplimientos sobre la Ley. La valoración desde la ReMC es muy positiva, porque es la primera vez que se consigue un pronunciamiento del Parlamento. Se demuestra que ahora hay mayor preocupación por el reconocimiento de estas emisoras“, explica el coordinador de Legislación y Derecho a Comunicar de la Red de Medios Comunitarios (ReMC), Javier García.

Además, el Gobierno no ha reservado espectro radioeléctrico para radios y televisiones de la ciudadanía. En teoría, tras la elaboración de un mapa con los “huecos” para las radios y televisiones comunitarias de todo el estado, las comunidades autónomas asignarían las frecuencias. Pero nada de esto se ha realizado.

Tampoco se ha aplicado la disposición transitoria 14 de la Ley, que establecía el reconocimiento de las emisoras que estaban en funcionamiento antes del 1 de enero de 2009.

La persistencia de esta inacción y el bloqueo gubernamental a los medios comunitarios incumple las recomendaciones de Naciones Unidas sobre la regulación de los medios de comunicación de la ciudadanía y causa estupefacción en agentes sociales y comunicativos de otros países.

El texto de la PNL

El documento aprobado por el Congreso insta al Gobierno a cumplir 2 objetivos. Textualmente:

  1. “Regular el otorgamiento de autorizaciones temporales a Servicios de Comunicación comunitarios radiofónicos y televisivos que estuvieran en funcionamiento con anterioridad al 1 de enero de 2009. Las entidades privadas sin ánimo de lucro solicitantes deberán acreditar que con anterioridad a esa fecha se encontraban constituidas y prestaban un servicio de comunicación con el objeto de atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo. Salvo insuficiencia de dominio público radioeléctrico el ámbito de cobertura será negociado para poder ser equivalente al que venían prestando su actividad”.
  2. “El desarrollo de la Disposición transitoria decimocuarta de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual se llevará a cabo con la colaboración de las Comunidades Autónomas que, una vez habilitado el dominio público radioeléctrico, podrán otorgar licencias a los prestadores Servicios de Comunicación comunitarios radiofónicos y televisivos que reúnan los requisitos”.