La denuncia presentada por la ReMC contra España por excluir a los medios comunitarios en el reparto de licencias no es la primera de este tipo que llega al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Existen al menos 3 dictámenes favorables  por parte de este organismo que obligaron a los estados a modificar su forma de actuar en casos parecidos al español.

Existen precedentes favorables a la ReMC.

Existen precedentes favorables a la ReMC.

Aquí  el incumplimiento de la Ley General de la Comunicación Audiovisual al no haber planificado frecuencias ni reglamentado a los medios comunitarios es evidente, prolongado durante 7 años y ya ha causado antes la estupefacción internacional. En el caso de las TV comunitarias, la exclusión es todavía más palmaria porque el Ejecutivo aprobó un plan técnico (para entendernos, un mapa de frecuencias) en 2014 en el que se excluyó deliberadamente a los medios sin ánimo de lucro.

Al peso de estas evidencias, la denuncia de la ReMC ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas suma una observación general de 2011, que reproducimos a continuiación, y los casos de Azerbaiyán, la República de Kirguisa y Líbano.

Desde 2011 el Comité de Derechos Humanos considera  que los estados tienen que asignar de forma equitativa el acceso y las frecuencias entre las empresas de radio y televisión públicas, comerciales y de la comunidad (párrafo 39). “Se recomienda que los Estados partes que no lo hayan hecho aún establezcan un órgano independiente y público encargado de las licencias de emisión de radio y televisión, facultado para examinar las solicitudes y otorgar las licencias”, establece el Comité en su observación general 34.

En ese mismo documento se incide en que no se deben imponer regímenes de licencia y derechos onerosos a los medios de la radiodifusión y la televisión, “incluidas las emisoras comunitarias y comerciales” (párrafo 39). Los criterios para el cobro de esas licencias deben ser “razonables y objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios”, y cumplir todo lo dispuesto en el Pacto.

Antecedentes en otros países

“Hay un caso muy interesante, el de Azerbaiyán, donde 2 personas denunciaron la imposibilidad de acceder a una licencia y se parece mucho al de la ReMC y España”, explica el coordinador de Derecho a Comunicar de la ReMC, Javier García. El Comité consideró vulnerado el artículo 19.2 del Pacto porque el estado no publicó, como su ley nacional establecía, la lista de frecuencias disponibles ni celebró periódicamente procedimientos abiertos para asignarlas (ver dictamen, párrafo 21).

El Comité dictaminó que Azerbaiyán debía revisar sus leyes sobre la difusión radiofónica y televisiva de modo que las licencias de radiodifusión que correspondan a frecuencias disponibles “se adjudiquen efectivamente según unos procedimientos claros y transparentes que garanticen la celebración periódica de concursos abiertos, mediante los cuales se evalúe a los postulantes atendiendo a criterios no discriminatorios y con el propósito de promover el pluralismo de los medios de comunicación en el Estado parte”.

Las observaciones realizadas a la República de Kirguisa señalan que el retraso o la denegación de las licencias repercuten negativamente en el ejercicio de la libertad de expresión y prensa amparada por el artículo 19 y  los derechos electorales y de acceso a la función pública del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, el Comité señala que la ley de esa república debe definir claramente las funciones y competencias del Organismo Nacional de Comunicaciones y la posibilidad de apelar sus decisiones ante un órgano judicial.

En el caso de Líbano, el Comité se muestra contrario a la reducción del número de licencias a 3 estaciones de televisión y 11 de radio porque eso recorta el pluralismo.

¿Qué es el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas?

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no tiene carácter de Tribunal Internacional, si bien sus dictámenes presentan algunas de las principales características de una decisión judicial: imparcialidad, independencia de los miembros, ponderada interpretación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el carácter determinante de las decisiones. Los pronunciamientos del Comité no tienen, en sentido estricto, carácter vinculante.

¿Qué es el Grupo de Derecho a Comunicar de la ReMC?

Es una de las comisiones de trabajo de la Red de Medios Comunitarios. Una quincena de personas forman parte de ella: juristas, periodistas, expertas en derechos humanos y activistas de la comunicación. Desde la fundación de la ReMC, el equipo de Derecho a Comunicar (antes conocido como Legislación) es el más activo debido a la situación de flagrante vulneración de derechos humanos que sufren los medios comunitarios en España.