El gobierno de la Comunidad Valenciana no ha esperado a que se cree el organismo independiente ideado para la adjudicación más transparente de las licencias de radios, el nuevo Consell Audiovisual. Antes, ha decidido sacar a concurso las frecuencias para emisoras comerciales, comunitarias y universitarias de un plan técnico que lleva años adormecido. El investigador y colaborador de la ReMC, Pablo Catalá Escalera, nos da su visión sobre esta decisión.

“La semana pasada, mediante la resolución de 9 de mayo de 2018 de la Secretaría
autonómica de comunicación, se publicó el concurso de 31 licencias de radio, de las cuales 7 están dedicadas a proyectos de radio comercial íntegramente en valenciano y otras 3 para colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro: 2 en la demarcación de Castellón y una en Alcoy.

El paquete de licencias, pendientes de adjudicación desde hace más de 20 años,
era uno más de los asuntos pendientes relacionados con el sistema audiovisual valenciano que el PP dejó en los cajones, junto con la demolición de Canal 9, las licencias de TDT tumbadas por el Tribunal Supremo y la creación del nuevo Consell Audiovisual, cuya Ley de creación está a punto de aprobarse en Les Corts.

Las 3 licencias que se destinarán a radios comunitarias son el fruto de la insistencia
del sector. En febrero del año pasado, la Red de Medios Comunitarios (ReMC), junto con Radio Malva, Radio Klara, Radio Mistelera, Artegalia y Radio Mutante, mantuvieron una serie de reuniones con la Secretaría de Comunicación para tratar su situación.

Parecía existir voluntad por sacar del limbo legal a las radios ciudadanas de la comunitat. La Generalitat tenía sobre la mesa un paquete de 31 licencias con el que podía homologar a la Comunitat Valenciana a los estándares europeos de democracia en medios y, de paso, convertirnos en un referente dentro del estado español. La ocasión era histórica, licencias de radio por asignar, un nuevo govern que venía de sufrir en sus carnes la ausencia total de pluralidad en los medios durante su etapa en la oposición, el marco legal estatal que instaba a ello y el precedente navarro que demostraba como, con las competencias autonómicas, sí es posible adaptar licencias de radio comercial para un uso ciudadano.

Las asociaciones ciudadanas sin ánimo de lucro tienen derecho a gestionar licencias
de radio y televisión comunitaria y así lo recoge la legislación española desde 2010. Sin
embargo, esta realidad que en Europa está normalizada, se ve continuamente saboteada en España. Ni los 2 pronunciamientos del Defensor del Pueblo, ni la ONU, ni el Consejo de Ministros de Europa han conseguido promover que los poderes públicos levanten el boicot al llamado derecho a comunicar de los/las españoles/as.

El sector de las radios libres y comunitarias solicitó a la Generalitat que se destinasen
para un uso no comercial 9 de las 31 licencias. Esto permitiría por fin sustanciar los derechos ciudadanos recogidos en la Ley General del Audiovisual de 2010, posibilitando que las radios de este tipo que ya vienen prestando un servicio pudiesen regular su situación.

Una oferta amplia de licencias para radio comunitaria permitiría, además, que nuevos colectivos sociales pudiesen iniciar proyectos, ejerciendo el derecho reconocido a comunicar por si mismos, tal y como dice la ley, para atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo (artículo 32 de la LGCA).

Sin embargo, el concurso, en los términos en los que se ha publicado, se ha recibido
con frustración por parte de las radios. En la demarcación Valencia, donde opera Radio Malva, la única licencia concursada pasará a engrosar el listado de radios comerciales. Lo mismo ocurre en Alicante donde ni radio Artegalia ni Radio Mutante podrán optar a licencia.

Así, éstas radios no comerciales quedarán al albur de sanciones y cierres. El público valenciano y alicantino es el siguiente gran damnificado porque, según el artículo 4 de la Ley General Audiovisual, tiene derecho a recibir información plural a través de medios públicos, comerciales y también comunitarios. Pasados 8 años desde que la Ley General Audiovisual de 2010 enunciase estos derechos, parece que valencianos/as y alicantinos/as todavía tendrán que esperar.

El concurso se publica apenas unos meses antes de que se constituya el nuevo Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana. Este nuevo organismo imparcial y autónomo, según recoge su artículo 5.4, tendrá la potestad de sacar a concurso las licencias de radio y televisión atendiendo a los derechos de todas. Tanto los colectivos ciudadanos como las radios comunitarias sin licencia podrían haber encontrado en esta nueva entidad, por fin, un interlocutor alejado del clientelismo político que atendiese sus derechos largamente vulnerados.

Sin embargo, la Secretaría de Comunicación de la Generalitat a jugado con los tiempos, ha
sacando a concurso todas las licencias de radio que quedaban. Ha decidido no esperar a un nuevo Consell Audiovisual independiente para aprovechar el régimen competencial heredado del PP, repartir licencias desde Presidencia, justo cuando “el govern del canvi” iba a cambiarlo”.