Cinco años después de que el Parlamento de Andalucía encargase al Gobierno andaluz dialogar con el sector una Ley Audiovisual de Andalucía, los grupos políticos se posicionan sobre la propuesta del ejecutivo autonómico. Casi todos los grupos políticos han tenido en cuenta a los medios comunitarios en sus intervenciones y coinciden en que el texto se debe mejorar en esta fase parlamentaria.

La ponente de la Ley por el PSOE ha sido Olga Manzano. “Es una necesidad avanzar en  la regulación de los medios comunitarios, que quiero dejar claro que la Junta de Andalucía apoya, pero llega hasta donde puede con sus competencias”, se excusó la socialista, ante la desaparición a última hora de la figura de las autorizaciones provisionales para radios y televisiones sin ánimo de lucro del borrador del proyecto de ley. Una postura que la ReMC considera excesivamente restrictiva y ante la que hay alternativas.

Manzano invitó al grupo Popular a que pida al Gobierno estatal que reglamente los medios comunitarios, tal y como le obliga la legislación desde 2012.

El parlamentario del PP Guillermo García de Longoria destacó que la Ley Audiovisual de Andalucía tiene entre sus objetivos el aumento del empleo  y del emprendimiento entre los jóvenes,  la lucha contra las emisiones ilegales “e impulsar regulación de los medios del tercer sector”. Sin embargo, matizó que el texto presentado por el Gobierno andaluz “ha defraudado expectativas”. Mostró su disposición a trabajar para mejorarlo y para que la ley reconozca derechos.

Una amplia y dura crítica a la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010 ocupó buena parte de la intervención de parlamentario andaluz de Podemos José Romero, quien señaló que la normativa estatal invade competencias autonómicas que Andalucía debería haber recurrido. Romero pidió que la Ley andaluza “recupere terreno” y apostó por la gestión pública, comunitaria y de la economía social en los medios “para compensar las  privatizaciones”. El derecho de acceso de las asociciones para que puedan generar sus contenidos en los medios públicos y el apoyo a sectores emergentes “de acuerdo a criterios de rentabilidad social” son otras de las claves de su formación de cara a las enmiendas.

Ciudadanos es la única formación que no dedicó ni una sola palabra de su intervención a los medios comunitarios, en los que la ReMC calcula que están vinculadas 2.000 personas en la comunidad y que, según los datos de la Consejería de Presidencia, podrían ascender a  unas 80 iniciativas. La parlamentaria Isabel Albas argumentó que la futura legislación europea obligará a cambiar la normativa audiovisual estatal y andaluza para adaptarse. Las preocupaciones de su grupo se centran en el pluralismo de los partidos políticos participantes en los medios de comunicación y en el Consejo Audiovisual de Andalucía. Considera adecuado el régimen sancionador.

El ponente de la Ley Audiovisual de Andalucía en Izquierda Unida fue José Antonio Castro. “La información es poder. Por eso pondremos en el frontispicio a lo público y, dentro de lo privado, a lo comunitario como claves fundamentales para esta ley. Esperamos que haya capacidad de dialogar y que no se produzca un rodillo entre PSOE y Ciudadanos”. Este parlamentario señaló que la implicación de ReMC, Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía y Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía ha sido “muy fuerte” durante la elaboración previa del texto, pero que sus propuestas han quedado al margen del proyecto de ley.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, abrió el debate afirmando que la Ley Audiovisual de Andalucía dota de “mayor respaldo legal” y medidas de fomento a los medios comunitarios, sin aclarar cómo será eso posible en la práctica si el texto actual no recoge ninguna nueva figura de reconocimiento para radios y televisiones gestionadas por la ciudadanía respecto a la normativa estatal de 2010.

Jiménez Barrios apuntó que la ley andaluza creará un plan de impulso audiovisual, mediciones locales de audiencias para todos los tipos de operadores y un consejo de participación ciudadana audiovisual, con presencia de colectivos sociales, así como consejos locales en municipios con población superior a 20.000 habitantes. El vicepresidente animó a que el consenso respecto a esta ley “se mantenga” y a que los grupos contribuyan a mejorarla con sus enmiendas. Pidió un diálogo “sincero, sosegado y constructivo”.