Los medios comunitarios son esenciales para que en España haya libertad de expresión y la represión también perjudica a estos operadores audiovisuales. Es una de las conclusiones de la conferencia Libertad de Ex(re)presión que ha reunido a la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), el Sindicatos de Periodistas de Andalucía (SPA) y activistas sociales y culturales celebrada en la Facultad de Ciencias de la Comunicación  de Málaga con motivo del Día de la Libertad de Prensa. El encuentro sirvió para reflexionar sobre las leyes mordaza.

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Cartel de la mesa redonda organizada en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga.

Cartel de la mesa redonda organizada en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga.

Tanto la representante de la ReMC, María Limón, como la comunicadora feminista Lucía Muñoz expresaron su apoyo a la víctima de La Manada y su rechazo a la sentencia de este caso al inicio de su intervención. La mesa redonda se desarrolló el 3 de mayo en formato de programa de radio. El acto fue organizado por la Facultad (celebra su 25 aniversario), Onda Color y el SPA, y se enmarcó en la iniciativa Quorum Global.

El miembro de la directiva de la PDLI Estephane M. Grueso reconoce que hasta ahora los medios comunitarios no han sido un tema tratado “en profundidad” en su colectivo, pero sí estaba presente en su crítica a la concentración de la propiedad de los medios. “Los medios comunitarios pueden contar la realidad desde otro punto de vista menos comercial. Me escandaliza que los gobierno regalen el espectro radioeléctrico a sus amiguetes. Además, el reparto de la publicidad institucional se reparte sin criterio y habría que meterle mano”, sostiene.

El SPA argumenta que la agenda informativa la marcan los grandes medios y la comunicación local “sale mal parada”. Su secretario general, Francisco Terrón, señala que bancos y grupos económicos marcan la agenda de la comunicación desde Madrid y País Vasco. “Andalucía no tiene medios regionales, menos Canal Sur. Es fundamental el medio local y por eso es básico el medio comunitario. Regular a estos medios es un puntal básico para el derecho a comunicar en España“.

Terrón incidió en que muchas emisoras comerciales legales tienen repetidores no autorizados para tener más audiencia. La profundización en la reflexión de cómo hacer más democrático el audiovisual ocurre donde hay emisoras comunitarias, según el SPA. Terrón calcula que unos 300 empleos podrían crearse si se regulan a estos operadores en Andalucía.

El SPA considera que el proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía debe reservar un tercio de las licencias para cada tipo de medio (público, comercial y comunitario), que una parte de los permisos para las comerciales se destinen a empresas de economía social, y promover los consejos de redacción en los medios. “Gracias a eso sabemos lo que ocurre en TVE, pero los grandes grupos mediáticos presionaron hace años para que no se llegará a aprobar una ley que los hiciera obligatorios. Pensaron que se iban a ‘sovietizar’ las redacciones”.

La ex presidenta de la ReMC y miembro del Grupo de Derecho a Comunicar, María Limón, expuso las acciones en la tramitación del proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía. Medios comunitarios, derecho de acceso en medios públicos, alfabetización mediática y participación ciudadana en los órganos de supervisión del sector audiovisual son las principales claves.”Los partidos políticos andaluces parece que tienen sensibilidad y quieren recoger una vía que proteja a los medios comunitarios”, asegura Limón.

“El estado se dedica a sancionar a medios comunitarios como CUAC FM, Radiópolis o Radio Kras mientras que la concesión de licencias es un cambio de cromos. A las radios piratas comerciales e incluso públicas no se les mete mano. Es evidente que van a por las comunitarias“, según Limón.

El recurso de la ReMC al reparto de licencias de la TDT hecho por el Gobierno no prosperó. También se perdió en el Tribunal Supremo y condenaron a la organización a costas. “El Supremo nos dijo que el Gobierno tiene la obligación de regular vuestra situación, pero que no lo haya hecho no significa que no lo vaya a hacer. Es una respuesta intolerable después de 7 años de incumplimiento legal por parte del Gobierno”.

“Entonces denunciamos la situación ante el comité de Derechos Humanos de la ONU y en 6 meses tiene que responder. Esto no es solo por los medios comunitarios, es abrir el melón de la pluralidad”, zanjó Limón.

Leyes mordaza y libertad de expresión

Sobre las leyes mordaza, Limón apostó por su derogación. “Las injurias e insultos no debemos emitirlos jamás, pero si alguien nos interpela de esa manera tampoco debemos entrar en eso, sino crear discursos veraces e independientes”.

Lo de la ofensa deberíamos tenerlo resuelto en una sociedad democrática. Se llama discrepancia. Debemos tener un poco más de hechuras. Le damos demasiada importancia a los ‘haters‘ cuando muchas veces son máquinas”, señala Limón. “Es un momento de aluvión de opiniones y una sobredosis de opinión en vez de información”.

Limón explicó que las leyes mordaza incrementan las multas por vía administrativa y eliminan la posibilidad de recurrir en juicio a pesar de ser casos de ejercicio de derechos de reunión, manifestación o comunicación. “Estas reformas están hechas en contra de la forma de comunicar y manifestarse del 15M. Hay que hacer ver a la sociedad de qué va esto porque un día puedes escribir algo en redes sociales, se viraliza sin saber por qué, vienen a por ti y te meten en la cárcel. A los jóvenes no les importan las licencias de los medios porque piensan que tiene sus redes para expresarse, pero eso se ha acabado“.

Existen 3 vías para luchar contra las leyes mordaza: contactos con partidos políticos, viralizar campañas como el de la manipulación de TVE y el activismo de No somos delito para poner sobre la mesa un discurso constructivo, según Limón.

Estephane M. Grueso (PDLI) sostiene que es “el mejor momento posible para el periodismo“. Las tecnologías de la información han democratizado el derecho a informar, que desde la PDLI se defiende como un derecho de la ciudadanía “de una forma muy radical”.

“Estamos bajo un absoluto ataque”. La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la reforma del Código Penal de 2015, la Ley de Tasas Judiciales y la Ley de Propiedad Intelectual coartan la libertad de expresión e información, según Grueso. “Esta defensa hay que hacerla desde el frente judicial, ya que esas leyes son contrarias a la Constitución y al Convenio Europeo de Derechos Humanos; pero también desde lo político. El derecho a ofenderte no existe. El Código Penal ya incluye las injurias y calumnias y estas leyes no nos protegen contra esto”.

Según Grueso, las ofensas religiosas deben sacarse del Código Penal. Al igual que se debe derogar el considerar yihadista a un rapero y la Ley de Enjuiciamiento Criminal que considera lo telemático como componente terrorista. Habría que recortar el concepto de delito de odio. La policía no puede ser objeto de este tipo de delito“.

“Hemos documentado docenas de casos donde la legislación nos lleva a una sociedad menos crítica y menos libre. Los derechos son una cadena de bicicleta. Si le cae agua y las dejas un par de años, se oxidan y dejan de funcionar. Los derechos hay que usarlos“, subrayó Grueso.

La tecnología también  permite mayor efectividad de desinformación. “Tenemos que trabajar más la alfabetización mediática para que no se asuma como información lo que no es. Antes había 7 medios y hoy hay 7.000. Antes yo leía a medios; hoy, a periodistas. Requiere más esfuerzo para filtrar, pero hay más opciones”, dice Grueso.

Seguir haciendo lobby político y judicial y expresarse con total libertad es parte de la solución, según la PDLI. “Tenemos que defender el derecho de otras personas que no nos gustan a decir lo que quieran decir, con algunos de los límites que establece la ley. Busquemos a nuestros representantes para convencerles”.

Por su parte, Terrón (SPA), considera que el periodismo está “en el peor de los momentos posibles” por la crisis económica, de credibilidad y tecnológica, por la ley mordaza y la reforma laboral, por las presiones políticas y económicas y la explotación. “El Consejo de Europa dice que el derecho a la información es necesario para preservar el resto de derechos”.

“Las leyes mordaza han convertido a las fuerzas y cuerpos de seguridad en juez y parte. Dos trabajadores de Canal Sur han sido multados por la Polícia en el ejercicio de su trabajo. Antes de las leyes mordaza, esto hubiera ido de la Policía al juez y se llevaría el caso según el Código Penal”, según Terrón.

Con el paso del tiempo nos daremos cuenta de la involución que vivimos. Acabar en la cárcel por unas letras de unas canciones era impensable hace 30 años. Hay democratización en las redes sociales, peor no sé si para informar o para vocear. Hay una inmensa plaza donde todo el mundo grita, pero nadie sabe quién dice la verdad y a quien escuchar”.

Apuntando a la evolución de la situación, Terrón sostiene que las publicaciones no se van a  secuestrar. “Si tienes dinero, podrás publicar. Pero el espectro radioeléctrico público solo está para los poderes públicos y económicos, ya que no se conceden licencias para las emisoras comunitarias“.

Quien dice que estamos en una continuidad del fascismo, no ha vivido el fascismo. Los malvados están en todos lados, pero esto no es una dictadura”.

Raperos condenados

El rapero de La Insurgencia Iván Leszno, condenado a cárcel por sus letras, explicó que los sectores “más reaccionarios” dicen que las restricciones a la libertad deben existir porque ésta se encuentra en peligro. “Se nos imputa enaltecer el terrorismo por aplicarnos el Código Penal, estamos presentando recursos. Nosotros no hemos vivido la libertad de expresión”.

Leszno considera que su condena se debe a una “cuestión de estado”. Para ello, se remonta a la ley de la patada en la puerta de Corcuera en 1992, la ley de seguridad ciudadana de UCD o el procesamiento y posterior absolución al grupo Soziedad Alkohólica hace 10 años.

“El problema no es nuevo. No ha habido involución de libertades, sino continuidad del fascismo. En el artículo 12 del Fuero de los Españoles de época franquista se decía que todos los españoles tienen derecho a expresar su ideas siempre que no se atente contra los principios del estado y ése es el motivo por el que nos condenan en nuestra sentencia a La Insurgencia. El fiscal nos llamó yihadistas y dijo que para nosotros la lucha obrera es una religión y que consideramos que todo el que esté en contra es un infiel”.

Leszno contó que poco antes de su juicio, el diario malagueño Sur le hizo una entrevista, pero no la publicaron “porque no querían saber nada del terrorismo”. “Sin embargo cada 20 de noviembre el periódico sí publica esquelas en recuerdo de Franco y Primo de Rivera“, señala.

No creo que debamos mirar cómo nos expresamos, porque eso es darle la razón a la represión. Hace que la gente caiga en el miedo y la censura. Si no, no estaríamos hablando de cómo emitir opiniones sin caer en odio. El odio es un sentimiento ante el que no hay que tener ningún problema. Ese odio lo crean los medios de comunicación. Nosotros lo hemos sufrido directamente. Esa ausencia de libertades no la conquistaremos cayendo en la autocensura, el miedo y pidiendo acuerdos con partidos e instituciones que están para legislar esas leyes represivas. La única forma de conquistarla será saliendo a la calle”.

La mordaza del patriarcado

Lucía Muñoz, periodista de la web feminista La Poderío, argumenta que hay una ley mordaza estructural anterior a la ley mordaza; se trata del patriarcado. “En las redes no podemos decir lo que opinamos de los dictadores, pero a las activistas feministas sí nos pueden amenazar. Son muchas las comunicadoras que han dejado de ejercer ese derecho porque se ven increpadas. Hay discurso del odio y amenazas de muerte en redes sociales. De cada 10 insultos a periodistas, 8 son a mujeres, según un estudio de The Guardian sobre sus publicaciones“.

Muñoz señala que actualmente hay más canales y medios, “pero no más democratización de la comunicación“. “Estos canales están cada vez más vigilados. Ahora nos pensamos si poner en redes sociales ‘los Borbones son unos tiburones”.