La memoria de evaluación de impacto normativo que la Generalitat ha elaborado para el proyecto de decreto sobre medios comunitarios demuestra que una de las formas de luchar contra la piratería radiofónica es regular a los medios comunitarios. Según la Dirección General de Medios de Comunicación, los medios comunitarios no son competencia de los comerciales con licencia. Y mantener el bloqueo actual solo favorece a las emisoras comerciales piratas que se intentan camuflar como comunitarias para escapar del régimen sancionador. Además, tiene efectos sociales negativos.

Este dictamen de la Generalitat se publicó en febrero de 2018. Analiza qué pasaría si no se regulase desde las competencias autonómicas a los medios comunitarios. Incluye datos sobre la evolución a la baja de estos medios por la inacción gubernamental, así como la manera en que influye esta situación en la proliferación de emisoras comerciales que aparentan ser no lucrativas.

Los medios comunitarios no son competencia de los comerciales.

Los medios comunitarios no son competencia de los comerciales con licencia.

Más emisoras comerciales sin licencia

Aparte de las emisoras comunitarias sin ánimo de lucro, existen radios privadas que operan sin licencia, “que por su programación no pueden considerarse medios comunitarios y que no siempre pertenecen a entidades sin ánimo de lucro”. Es el caso de 30 emisoras en Cataluña: 1 de contenido musical, 2 esotéricas, 19 latinas y 8 de tipo comercial generalista.

Esta cifra representa un incremento neto cercano al 30% entre 2009 y 2015, concentrándose a partir de 2014, según la Generalitat. “La misma situación de inseguridad jurídica antes mencionada es la que más favorece este tipo de actividad radiofónica, ya que este tipo de emisoras, que llevan a cabo una actividad comercial ilícita que les permite obtener ingresos por publicidad son, además, las que emiten con más potencia y algunas de ellas tienen repetidores que son incontrolables“.

El informe prosigue:”Este tipo de emisoras juegan así, con ventaja respecto de las entidades comunitarias y en general, de los restantes prestadores del servicio de comunicación audiovisual que ajustan su actividad a la normativa vigente. En este mismo sentido, cabe mencionar la tendencia de algunas de estas emisoras de ampararse bajo una entidad sin ánimo de lucro para acogerse a la previsión legal que contempla las emisoras comunitarias sin ánimo de lucro y así evitar el control administrativo”.

Menos emisoras comunitarias

Ha descendido el número de radios comunitarias catalanas.

Ha descendido el número de radios comunitarias catalanas.

Las emisoras de radio sin ánimo de lucro en Cataluña han pasado de 78 a 56 entre 2009 y 2015. De ellas, las de tipo cultural son las que mayor reducción han experimentado (de 32 a 19). El número de comunitarias sin ánimo de lucro “ha disminuido perceptiblemente”, a excepción de las escolares (en algunas comunidades estos medios no se regularán como comunitarios, sino como públicos).

En este periodo sólo aparecieron 3 emisoras que ofrecían una programación alternativa a las radios públicas y comerciales.

Este descenso ha sido consecuencia de la escasez de recursos económicos agravada por la situación de crisis económica general y la falta de cobertura legal. “Más allá de la falta de seguridad jurídica (en algún caso, estas emisoras han sido objeto de expedientes sancionadores), determina la imposibilidad de recibir subvenciones en las líneas estructurales específicamente dirigidas a radio y televisión, ya que disponer de la correspondiente licencia es un requisito imprescindible para acceder”, según el informe.

En el Tribunal Supremo el recurso de la ReMC al concurso de licencias de TV  incluyó una
prueba pericial “donde quedó acreditado que no existen razones técnicas ni legales que impidan a la Administración General del Estado planificar y asignar dominio público radioeléctrico a medios comunitarios en el marco del Plan Técnico Nacional de la TDT de 2014″.

El informe aporta más detalles para evidenciar que el Estado sí tiene y puede planificar frecuencias para medios comunitarios: el dictamen que el Consejo de Estado emitió en 2014 previamente a la aprobación del Plan Técnico de Televisión Digital Terrestre señalaba que la distribución del espectro radioeléctrico “debe ser compatible con la obligación de garantizar aquel que necesiten los medios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro, establecida en el artículo 32 de la Ley 7/2010“.

Según el informe de la Generalitat, la única opción para los medios comunitarios ha sido la participación en procedimientos de adjudicación de frecuencias reservados para la explotación comercial, aunque esto tampoco ha servido para obtener licencia.

¿Qué pasaría si las comunidades autónomas no hacen nada?

La inacción solo causará más problemas audiovisuales.

La inacción solo causará más problemas audiovisuales.

Más argumentos para evidenciar que los medios comunitarios no son competencia de los comerciales con licencia. La Generalitat analiza qué pasaría si no se hace nada al respecto del bloqueo legal que sufren los medios comunitarios y lo compara con los beneficios de aprobar el decreto de medios comunitarios que está elaborando.

“La opción de no hacer nada conllevaría mantener una normativa que dificulta la permanencia y el crecimiento del tercer sector audiovisual; una situación de indeterminación jurídica que hace que entidades aprovechen el espacio los medios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro para llevar a cabo actividades comerciales; unos regímenes generales de intervención (la sujeción a licencia o la comunicación previa, según ocupen o no el espectro radioeléctrico) que no se adaptan a las peculiaridades de los medios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro; la imposibilidad de dar cumplimiento al artículo 71 de la Ley 22/2005 (medidas específicas de fomento) y la inexistencia de mecanismos de interlocución entre el gobierno y el sector de medios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro”.

Sin actuar, se mantendrían los servicios audiovisuales comunitarios sin ánimo de lucro en la situación de “precariedad legal y económica” y “les impediría acceder a las convocatorias de subvenciones, que establecen como requisito disponer de la correspondiente licencia”, según el informe de la Generalitat.

Además, el impacto social es negativo porque “dificulta la consecución de los objetivos” de los medios comunitarios. Incluso desde el punto de vista de la competencia es perniciosa la situación actual, “no tanto por la actividad en sí misma los medios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, como por los efectos de la actividad comercial sin título habilitante que, tal como se ha expuesto, se beneficia de la insuficiencia del actual marco legal, lo que conlleva una competencia desleal para todos los prestadores de servicios de comunicación audiovisual”.

Estos argumentos también han sido expuestos en Andalucía durante la tramitación del proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía por el Foro Andaluz de Comunicación, Educación y Ciudadanía y la Red de Medios Comunitarios. Parte de sus intervenciones destacaron que los medios comunitarios no son competencia de los comerciales con licencia. Al contrario son parte de la solución a los problemas del sector audiovisual.

El informe de la Generalitat apuesta por la necesidad de “remover el obstáculo procedimental”, determinar cuáles son las emisoras que reúnen los requisitos para ser consideradas comunitarias sin ánimo de lucro, y establecer las peculiaridades propias de la licencia.

Solo se considera viable la autorregulación para el establecimiento de unas normas comunes y su posterior implementación en grupos muy específicos, como son las emisoras de centros educativos y las de centros penitenciarios. “Sin embargo, sólo pueden encajar parcialmente en este decreto, ya que emiten desde centros públicos y no están vinculadas a entidades sin ánimo de lucro”.

Entrevista a una mujer en la calle en la radio televisión comunitaria Cardedeu.

Entrevista a una mujer en la calle en la radio televisión comunitaria Cardedeu (Barcelona).

La entrada en vigor del proyecto de decreto de los medios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro “contribuirá a solucionar los problemas expuestos, en garantizar una mayor seguridad jurídica en su funcionamiento, además de abrir la posibilidad de acceder a subvenciones específicas para su actividad”.

Sin embargo, en las actuales circunstancias, la Generalitat cree que el decreto no producirá un aumento en el número de emisoras, sino la consolidación de los medios comunitarios existentes y una  mayor presencia en el panorama audiovisual.

El informe se esfuerza en señalar que los medios comunitarios no son competencia de los comerciales con licencia. Señala que el artículo 70.8 de la Ley 22/2005 de Comunicación Audiovisual de Cataluña prevé que se reserve espectro para medios comunitarios “de un ámbito más reducido que el de las demarcaciones locales, por lo que estos no pueden competir con los servicios públicos ni los comerciales”.

Según la ReMC, si esta posibilidad de cobertura reducida se convirtiera en norma en la práctica, supondría una vulneración de las recomendaciones de UNESCO sobre regulación de medios comunitarios. Estos operadores no pueden sufrir discriminaciones de cobertura respecto a otros medios y el artículo 4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual garantiza que toda la ciudadanía tiene derecho a recibir comunicación por este tipo de emisoras sin ánimo de lucro.

La Dirección General de Medios de Comunicación catalana detalla en su informe que el proyecto de decreto excluye como medio comunitario a los operados por entidades sin ánimo de lucro controladas por una entidad lucrativa en la selección de los programas o su organización. Se impide así que una actividad audiovisual sin título habilitante se pueda amparar fraudulentamente en una licencia para un servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro. Así los medios comunitarios no son competencia de los comerciales.

La desconcertante memoria económica del decreto catalán

La memoria económica del decreto catalán no prevé invertir en medios comunitarios.

La memoria económica del decreto catalán no prevé invertir en medios comunitarios.

Desde el punto de vista de la ReMC, es desconcertante que en la memoria económica se diga que las ayudas específicas previstas para medios comunitarios no tendrán impacto “porque actualmente no se destinan subvenciones” (obviamente, la intención debería ser darlas una vez se apruebe el decreto).

Sin embargo, sí se señala por parte del Consejo Audiovisual de Cataluña que se tendrá que contratar a 4 técnicos y un administrativo, lo cual supondrá unos 213.000 euros al año en personal. Además, el CAC también necesitará una aplicación informática para el registro y depósito de la memoria que costaría 3.000 euros.

La constitución y puesta en funcionamiento del Consejo de Comunicación Audiovisual sin Ánimo de Lucro no supondrá gasto al no preverse dietas. El soporte material y logístico de este órgano saldrá de los recursos de la Dirección General de Medios de Comunicación.

Normativas en elaboración como la Ley Audiovisual de Andalucía son más insustanciales en la previsión presupuestaria que debería acompañar a los cambios normativos. La ReMC interpreta esto como una forma de no tomarse en serio las políticas audiovisuales que se establecen en el articulado. “Esto nos hace dudar” de la voluntad política real de hacer cambios y mejoras para todo el sector”, señala el presidente de la ReMC, Mariano Fernández.